La deuda como forma de sobrevivir: el otro rostro de la crisis en Magdalena

Por Cristian Ferreyra

Hay una frase que se repite en la mesa de discusión política  cada vez que se conocen malos números: "esto no es solo acá". Y por una vez, es cierto. Pero que el fenómeno sea nacional no lo vuelve menos grave puertas adentro. En Magdalena, casi uno de cada cinco deudores ya no puede pagar. Y la deuda, que debería ser una herramienta para progresar, se convirtió en el último recurso para no caer.

Desde el cambio de política macroeconómica de diciembre de 2023, el salario privado acumula una caída real del 5%. En ese mismo lapso, los gastos fijos —tarifas, expensas, conectividad— pasaron de representar el 5,3% de los ingresos a absorber el 22%. La ecuación es simple y es alarmante: se gana menos y se debe pagar más por lo esencial. Ante ese desfasaje, miles de familias argentinas, y también magdalenenses, eligieron una salida que hasta hace poco era la excepción y hoy es la regla: endeudarse. No para comprar una casa, no para poner un negocio. Para subsistir.

El diagnóstico provincial lo confirma el propio Banco Central. Uno de cada cinco bonaerenses endeudados está en mora: 1.840.522 personas en toda la Provincia, que concentra el 35,5% de la deuda morosa de todo el país y exhibe una tasa de mora del 20,2%, casi tres puntos por encima del promedio nacional. Buenos Aires no es un distrito más dentro de esta crisis: es su epicentro.

¿Y Magdalena? Los números locales, actualizados a julio de 2026, muestran una tasa de morosidad del 19,34% sobre el total de la deuda y una proporción de deudores en mora del 22,22%. Son 11.945 magdalenenses con deudas registradas, de los cuales 2.655 ya no pueden cumplir. El deudor promedio del distrito arrastra una deuda de $4,41 millones; el que entró en mora, arrancó ese incumplimiento desde los $3,24 millones. La deuda total de los magdalenenses asciende a $52.711,13 millones, de los cuales $8.611,18 millones ya están en situación de mora. Magdalena, técnicamente, está un escalón por debajo del promedio bonaerense y nacional. Es un consuelo frágil: sin recomposición salarial y con una inflación que no baja en las góndolas aunque sí lo haga en las estadísticas, ese escalón se puede borrar rápido. Y el patrón que marca el propio Banco Central —que el crédito no bancario y los sectores más jóvenes concentran el mayor riesgo de caer en mora— es exactamente el patrón que empieza a asomar puertas adentro del distrito.

La dimensión política del problema ya tiene nombre propio y empieza a tener respuesta institucional. Doce municipios bonaerenses aprobaron una ordenanza que busca poner un marco legal al sobreendeudamiento y prohibir el hostigamiento a los deudores. Uno de sus impulsores, Adrián Ganino —abogado, exdirector nacional de Defensa del Consumidor y actual secretario letrado de Relaciones al Consumidor de la Justicia de Faltas de San Martín— lo explica sin rodeos: "Es cuando los ingresos no alcanzan a cubrir las obligaciones que fue adquiriendo. Como el sueldo no alcanzó, entonces tuvo que recurrir a créditos, préstamos o al uso de la tarjeta por encima del ingreso real. Y entonces se genera esa bola de nieve en la cual muchos hoy nos encontramos atados." Según su estimación, más del 70% de la sociedad ya está en esa situación.

Que un funcionario especializado en defensa del consumidor hable de "bola de nieve" y no de un dato aislado dice mucho sobre la escala del problema. No es una anomalía estadística: es una condición estructural que atraviesa a la mayoría. Y ahí aparece la tensión política de fondo. Mientras el discurso oficial insiste en que la macroeconomía "ordenada" es garantía de bienestar futuro, el balance de cada familia bonaerense —y de cada familia magdalenense— muestra lo contrario en el presente: menos ingreso real, más gasto fijo, y una tarjeta de crédito haciendo de colchón donde antes había salario.

Las consecuencias no son abstractas. Un distrito con una de cada cuatro personas endeudadas en mora es un distrito con menor consumo local, menor capacidad de ahorro, mayor exposición al hostigamiento de cobradores y financieras, y una demanda creciente sobre organismos como Defensa del Consumidor, que hoy ofrece una vía concreta: iniciar un reclamo administrativo para reencauzar la deuda o plantear nulidades cuando no se informó el costo financiero total de un préstamo. Es una herramienta, no una solución. Porque el problema no nace en la letra chica de un contrato: nace en el sueldo que no alcanza.

La política nacional puede seguir discutiendo si los números "cierran". Pero los números que no cierran en un balance del Tesoro son, puertas adentro de cada casa magdalenense, la diferencia entre pagar la luz o pedir un préstamo para pagarla. Esa es la cuenta que de verdad importa, y es la que, por ahora, nadie está saldando.