Un abogado denuncia que buscan apartarlo de la causa UP 51 de Magdalena antes de que 4 penitenciarios acusados de torturas presten declaración.
La causa por las torturas y abusos sexuales ocurridas en la Unidad Penitenciaria N° 51 de Mujeres de Magdalena sumó un fuerte cruce judicial. El abogado Gastón Jesser, defensor particular de cuatro de los quince agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) detenidos, denunció que el Ministerio Público busca apartarlo de la causa antes de que sus clientes presten declaración, en lo que calificó como un "escándalo jurídico" de "gravedad institucional".
"Es una locura y un escándalo jurídico", sostuvo Gastón Jesser, abogado defensor, tras conocerse la postura del fiscal a cargo de la UFI N° 11 de La Plata, Álvaro Garganta. Según relató el letrado, el fiscal planteó eventuales incompatibilidades de representación entre los detenidos, lo que podría derivar en su apartamiento antes de que los imputados sean escuchados.
Jesser representa a Gisela Mailin Iguarán, Agustina Ailén Orona, Florencia Anahí Ortiz y Juan Antonio Juanena, quienes habían optado por el silencio en la audiencia inicial prevista en el artículo 308 del Código Procesal Penal (CPP). Tras esa instancia, el abogado solicitó formalmente la ampliación de la indagatoria, contemplada en el artículo 317 del CPP, para que sus defendidos declaren y comiencen a desarrollar su estrategia.
"Mis asistidos todavía no prestaron declaración, por lo que la fiscalía no puede saber qué van a declarar para deducir un conflicto de intereses", argumentó el letrado. Y agregó: "La función que cumplían dentro del penal era intrascendente en términos del hecho investigado, ya que no se juzga el derecho penal de autor sino conductas concretas. Pretender frenar las indagatorias antes de tiempo rompe con todo".
La defensa sostuvo, además, que la postura fiscal afecta de manera directa el derecho de defensa en juicio, el derecho constitucional a ser oído —amparado por la Convención Interamericana de Derechos Humanos—, el libre acceso a la justicia y la potestad de los imputados de elegir un abogado de confianza. Según Jesser, de prosperar esa postura, sus clientes quedarían reducidos a la asistencia supletoria de la defensa oficial. "Aquel funcionario que no respeta el texto de la norma incurre en una clara arbitrariedad de gravedad institucional", remarcó.

El expediente tramita ante el Juzgado de Garantías N° 4 de La Plata, a cargo del juez Juan Pablo Masi, y analiza los episodios ocurridos el 3 de junio en la cárcel de mujeres de Magdalena. Según la hipótesis judicial, tras una riña registrada en la planta alta del penal se desplegó un operativo represivo que incluyó golpes, uso indiscriminado de gas pimienta, desnudos forzados, privación de agua y alimentos, además de vejaciones y abusos sexuales con acceso carnal.
Entre los quince imputados hay mandos directivos de la unidad, agentes del Grupo de Intervención ante Emergencias (GIE) y personal médico-sanitario. La investigación cuenta con la intervención de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) como organismo de control, mientras cuatro de los penitenciarios buscan romper el silencio para desmarcar su responsabilidad individual de la acusación colectiva.
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2026-11-18 06:00:06
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