Con un texto reformulado en pleno recinto y la pauta publicitaria afuera, la ordenanza obliga a funcionarios políticos a acreditar que no tienen condenas firmes ni deudas alimentarias.
Lo que parecía un proyecto condenado a naufragar terminó en consenso. El Concejo Deliberante de Magdalena aprobó por unanimidad el expediente 185/26, la versión local de la "ficha limpia", que impone nuevos requisitos de integridad a quienes ocupen cargos políticos no electivos en el Ejecutivo municipal que conduce Lisandro Hourcade.
La iniciativa fue impulsada por La Libertad Avanza. La propia concejal autora admitió en el recinto que el tema "ha sido entre difícil e imposible de trabajar" en otros distritos. Esta vez, el texto original sufrió dos modificaciones mayores antes de llegar a la votación.
Una ordenanza partida en dos
El proyecto nació con dos capítulos: la "ficha limpia" y un apartado sobre pauta publicitaria. Según consta en los despachos, pasó por las comisiones de Cultura, Obras Públicas, Hacienda y Legislación, y en el camino se decidió eliminar los artículos del 3 al 10, los referidos a la publicidad oficial.
El argumento fue ordenado: tratar cada tema por separado. Pero el movimiento no es menor. La pauta es, justamente, uno de los terrenos más sensibles de cualquier gestión municipal, y los despachos plantearon la necesidad de elaborar criterios para la contratación de medios.
La autora del proyecto anticipó que ese capítulo volverá en un expediente propio, con la idea de transparentar "cómo y por qué" se gasta el dinero de los contribuyentes en publicidad. Habrá que ver con qué clima llega esa discusión.
Cuarto intermedio y cambios sobre la marcha
La sesión tuvo su momento de diálogo. La concejal Alejandra Irazú (Interbloque Fuerza Patria) anticipó su acompañamiento, pero planteó modificaciones, entre ellas la inclusión del registro de deudores alimentarios morosos, que el texto original no contemplaba. El cuerpo aprobó por unanimidad un cuarto intermedio y, al regresar, se leyó una redacción modificada de los artículos primero y segundo.
Con los cambios, no podrán ser designados ni mantenerse en el cargo quienes:
registren condena penal firme por delito doloso a pena privativa de la libertad;
tengan una inhabilitación vigente para ejercer cargos públicos;
tengan condena firme por hechos cometidos contra una mujer en contexto de violencia de género;
figuren en el registro de deudores alimentarios morosos.
La norma alcanza a cargos no electivos de conducción, dirección o asesoramiento que no pertenezcan a la carrera administrativa, incluso si el funcionario revista en planta permanente. También comprende a los representantes municipales en entes descentralizados, sociedades y consorcios con participación del Municipio.
Papeles, plazos y consecuencias
Previo a cada designación, la persona propuesta deberá presentar el certificado de antecedentes del Registro Nacional de Reincidencia (con no más de 30 días de antigüedad), el certificado de deudores alimentarios y una declaración jurada. Si el certificado registra una condena, el Ejecutivo deberá pedir copia de la sentencia firme para verificarla.
El texto también establece que las causas en trámite no impedirán una designación, y que las restricciones deberán aplicarse respetando la presunción de inocencia.
El requisito no es solo de ingreso. Quien quede alcanzado durante el ejercicio del cargo deberá informarlo en 5 días hábiles, y el Ejecutivo dispondrá su cese dentro de los 10 días hábiles de tomar conocimiento. Los funcionarios que ya están en funciones tendrán 60 días corridos para acreditar que cumplen.
Ambas concejales coincidieron en destacar el clima de trabajo. La autora del proyecto agradeció el aporte de Irazú, y esta celebró que "la apertura de todos los bloques" permitiera llevar a la práctica un consenso que, dijo, muchas veces se declama "de la boca para fuera".
El respaldo unánime tiene un efecto político inmediato: ningún bloque podrá despegarse del contenido de la norma, y la vara queda fijada para el actual gabinete municipal. Uno de los despachos de comisión recordó que la ficha limpia depende, en su aplicación, exclusivamente del Departamento Ejecutivo, de modo que el cumplimiento y el control quedan en manos de la propia gestión.
Con el reloj de los 60 días por delante y el capítulo de la pauta publicitaria todavía pendiente, ahora lo que resta es esperar cómo se implementará la ordenanza y qué ocurrirá cuando llegue el segundo expediente, el más incómodo de los dos.
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2026-11-19 06:00:05
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