La concejala del EPA (Espacio de Pensamiento y Acción) puso en evidencia que el intendente reincorporó por decreto al mismo empleado que había echado en 2024 por usar un auto oficial para fines personales. También denunció delegados que cambian sin aviso y contrataciones que nadie puede explicar. El oficialismo la acusó de
El Concejo Deliberante de Magdalena aprobó por unanimidad un pedido de informe para que el Departamento Ejecutivo explique cómo está armado el organigrama municipal. La sesión, sin embargo, fue mucho más que un trámite administrativo: la concejal Camila Daca (EPA) visibilizó una serie de movimientos internos que, según denunció, se manejan sin transparencia y a espaldas del Concejo.
El expediente 112/26 nació de una inquietud simple: los concejales dicen no saber a quién dirigirse dentro del Ejecutivo. Pero derivó en una catarata de denuncias sobre designaciones, cambios de funciones y contrataciones que, según Daca, nunca se comunican a tiempo.
El dato que más resonó; expuesto por la concejal del EPA; fue el del decreto 365/2026, que autorizó la contratación directa de Jorge Osvaldo Gentilcore como coordinador del Plan Rector de Caminos Rurales.
Se trata de la misma persona a la que, en agosto de 2024, el propio intendente Lisandro Hourcade le había pedido la renuncia en su primer comunicado oficial como jefe comunal, tras conocerse que usaba un vehículo del municipio para fines particulares.
Daca recordó las palabras textuales de aquel comunicado, donde Hourcade había asegurado que no estaba dispuesto a permitir ese comportamiento como intendente y como vecino. Año y medio después, la misma gestión lo reincorporó.
"¿Qué fundamentos administrativos justifican que se vuelva a contratar a una persona que supuestamente no compartía los valores de un intendente y de un vecino que gestiona los recursos de todos los magdalenenses?", disparó la edil, que calificó el episodio como "de un nivel de indignación absoluto".
Según pudo reconstruir este medio a partir de su exposición, la novedad se conoció recién cinco meses después de firmado el decreto, porque —a diferencia de lo ocurrido en 2024— esta vez no hubo comunicado público.
La lista de movimientos que Daca puso sobre la mesa no terminó ahí. Trascendió que Magdalena tiene delegado nuevo: Walter Acuña dejó el cargo y en su lugar asumió Gustavo Labarere, que hasta entonces era director de Vialidad.
Ese puesto quedó, a su vez, en manos de Gonzalo Aramburu, el mismo funcionario al que el propio Concejo le había aprobado una licencia y que, según denunció Daca, sigue viéndose en la camioneta de la cooperativa como si continuara en funciones.
Acuña, por su parte, no quedó afuera: pasó a revistar en el área de Ambiente, Turismo y Juventud con una carga de 48 horas semanales, según el decreto 64/2026. "Me sorprende ampliamente la disposición técnica profesional" que permite a un funcionario pasar de delegado a esa cartera "en un rato", ironizó la concejal.
En el pueblo de Atalaya, agregó, ocurrió algo similar: se designó un nuevo delegado y los vecinos se enteraron por casualidad, en una reunión, no por ningún canal oficial.
El repaso de Daca no dejó afuera otros nombramientos que, según dijo, no encajan en ninguna estructura conocida. Mencionó la contratación de Jimena Cifuentes como capacitadora del programa de apoyo escolar barrial, la incorporación de Karina Vitali a políticas de inclusión y la designación —difundida esta semana en medios locales— de una nueva directora del parque industrial.
También reflotó un caso que ya había generado ruido en el Concejo: la contratación de José Zardi en el observatorio municipal, sobre la que —afirmó— nunca hubo respuesta a los pedidos de informe.
El caso que más llamó la atención, denunciado por Daca, fue el del Centro de Día, cerrado desde hace meses pero con tres personas contratadas en marzo para tareas de asistencia en ese mismo lugar. "¿Dónde están cumpliendo las tareas las personas? Si el Centro de Día está cerrado, tiene un candado del tamaño de mi cara, ¿qué es lo que hacen?", cuestionó.
La respuesta del interbloque oficialista no tardó. El concejal Martín Raffo (UCR) confirmó el acompañamiento al expediente, pero acusó a Daca de haber concentrado su discurso en empleados de planta permanente en lugar de en cargos políticos.
"Lo que acaba de hacer es una persecución a sus empleados de planta permanente", lanzó Raffo, que además defendió la gestión al sostener que hoy "la información está disponible" y que antes "pasaban años sin publicarse esos decretos".
La respuesta de Daca fue inmediata y firme. Le pidió al presidente del cuerpo que no permitiera "que se digan atrocidades en este recinto" y le retrucó: "Los primeros que expusieron a un empleado fueron ustedes, haciendo una publicación de un comunicado oficial para que la imagen del intendente no se dañara. Persecución es mandarle una carta documento a una concejal. Eso es persecución".
El presidente del Concejo intervino para pedir "respeto" entre los bloques, mientras Raffo insistía en que se estaba confundiendo cargos políticos con empleados de planta permanente.
El concejal Fulgione, por su parte, marcó una posición intermedia: acompañó el expediente pero cuestionó tanto la exposición de nombres de empleados municipales por parte de Daca como el término "persecución" utilizado por el oficialismo, al que calificó de "exceso".
En medio del debate, la concejal Mirna Gurina introdujo un dato con peso institucional: recordó que, según la Ley Orgánica de las Municipalidades, el organigrama municipal debe ser aprobado por el Concejo Deliberante. Raffo respondió que para eso "necesitamos tener un presupuesto aprobado", en referencia al presupuesto 2026 que el propio Concejo rechazó meses atrás.
El expediente terminó aprobado por unanimidad, lo que obliga al Ejecutivo a responder. Pero el propio antecedente de pedidos de informe sin contestar —que la propia Daca enumeró durante su intervención— deja flotando una pregunta que en Magdalena ya se escuchó varias veces: si esta vez el municipio de Hourcade responderá, o si el organigrama seguirá siendo, como lo definió la concejala, "un privilegio" al que solo se accede meses después de los hechos.
La concejala del EPA (Espacio de Pensamiento y Acción) puso en evidencia que el intendente reincorporó por decreto al mismo empleado que había echado en 2024 por usar un auto oficial para fines personales. También denunció delegados que cambian sin aviso y contrataciones que nadie puede explicar. El oficialismo la acusó de
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